Inmovilizar, cachear y esposar pensando en la seguridad propia y en la del detenido

Inmovilizar, cachear y esposar pensando en la seguridad propia y en la del detenido

La Policía Nacional destacada en la capital aragonesa detuvo en 2009 a un total de 173 personas relacionadas con delitos de tráfico de droga. Por este motivo, la CEP ha organizado un curso inédito en el que, durante dos días, se ha proporcionado a los agentes los conocimientos operativos necesarios para mejorar las intervenciones.


Uno de los momentos de estas prácticas

Zaragoza.- Controlar al detenido pensando en su seguridad y en la de uno mismo. Esa es la máxima de todo Policía Nacional que interviene en una detención. Los agentes de este cuerpo necesitan una formación continua. Por este motivo, el Comité Provincial de la Confederación Española de Policía (CEP) de Zaragoza ha organizado un curso, impartido por un instructor especialista en técnicas de intervención policial.

Este curso, que tiene una duración de dos días, ha dado formación para mejorar las intervenciones durante las detenciones; cacheos; esposamientos; ingresos en calabozos o los traslados, tratando así de armonizar el derecho de cualquier detenido a salvaguardar su seguridad durante estos trámites y el de evitar lesiones o agresiones para los funcionarios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

En la primera jornada unas 22 personas, no sólo pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía, sino también agentes de Policía Local y Guardia Civil, han realizado este curso que viene a “actualizar” el conocimiento que ya atesoran los agentes sobre la Instrucción 12/2007, de 14 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que regula el comportamiento exigible “para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial”.

El citado documento, cobró especial relevancia durante el verano del año pasado, a raíz de la polémica sobre la forma en la que se realizaron las conducciones de los políticos detenidos en una investigación sobre corrupción desarrollada en las Islas Baleares y conocida como “caso Palma Arena”, busca responder a los derechos constitucionales de cualquier detenido y a la normativa europea e internacional sobre Derechos Humanos.

Todos han podido observar la dificultad de compaginar una buena técnica con la idea fija de reducir, pero también de garantizar la seguridad.

El promotor de esta actividad, el secretario provincial de la CEP, César Lambea, ha recalcado este hecho, ya que, según éste, las actuaciones de los agentes tiene que ser “efectiva, pero lo menos lesiva posible”.


La correcta inmovilización es muy importante para la seguridad del agente

Esta voluntad choca con algunas actitudes de detenidos. La mayoría suelen mostrar resistencia y violencia por no estar de acuerdo con la nueva situación que se les plantea después de cometer un delito. “Muchas veces se producen agresiones o situaciones en las que se pueden producir contagios por contacto”, ha aseverado Lambea.

Para evitar este tipo de lesiones, los agentes que han participado en este tipo de formación han aprendido la mejor forma de inmovilizar utilizando exclusivamente la fuerza humana y unas esposas o utilizando un escudo para aplacar, pero eso sí, posteriormente, sin la habilidad del agente, es imposible llevar a cabo la interceptación del individuo.

Durante estas prácticas, los agentes se han agrupado en equipos de cinco personas, para luego ir disminuyendo, a lo que el secretario provincial de la CEP, es la realidad: tres personas. César Lambea ha lamentado que el número en según que operaciones “dista” de lo que es "necesario", porque “el Cuerpo Nacional de Policía en Aragón (1.500 efectivos) debería tener más personal”.

En este sentido, el profesor que les ha instruido, Valentín, ha enfatizado que “sus chicos”, por un día, van a poder aprender y también percibir que “la falta de una persona es muy relevante”.

Asimismo, Lambea ha insistido en criticar “la falta de material” en calabozos o en unidades móviles, lo que “hace que se aumente el peligro para los agentes”.

Uno de los objetivos de este curso es también evitar que los policías nacionales sean denunciados por agresiones. Los organizadores de este curso han puesto de manifiesto que esta práctica se da “muy a menudo”, por lo que es “fundamental” hacer todo de forma correcta para “no dejar ningún espacio para que puedan inculpar a un policía que en definitiva se ha centrado en su trabajo".


El buen uso del escudo, relevante en la inmovilización del detenido

Este “deporte nacional”, como lo ha calificado Lambea, también afecta en muchas ocasiones a la integridad psicológica de los policías, ya que se ven inmersos en procesos judiciales que “no les son de agrado”.

Durante estas prácticas, los alumnos han podido actuar ante situaciones extremas como la inmovilización de una persona agresiva o que tiene problemas mentales. “Acordaos siempre que las personas con problemas psicológicos hay que tratarlas de distinta forma porque sus respuestas a nuestra presencia es siempre inesperada”, ha explicado el entrenador en uno de los momentos de las explicaciones.

Los alumnos han vivido estas jornadas con bastante intensidad, ya que, como ha dicho uno de ellos, es “muy necesaria” la formación porque “la calle lo requiere”. “Nunca se sabe lo que te puedes encontrar ahí fuera y, generalmente, en estos casos no es nada bueno”, ha afirmado uno de ellos.

Derechos de los detenidos

La persona detenida debe ser informada de modo que pueda comprender los hechos delictivos de los que se le acusa y de las razones que han dado lugar a su detención.

Entre los principales derechos está el derecho a guardar silencio no declarando si lo desea, a designar libremente a un abogado, a informar a un familiar y a la intimidad, especialmente los cargos públicos.


La seguridad del detenido también es muy importante

Duración de la detención

El particular, el agente o la Autoridad Judicial que realice la detención, debe poner en libertad al detenido o entregarle al juez más próximo al lugar en el que se haya realizado la detención, dentro de las 24 horas siguientes al momento de producirse la misma.

En caso de detención preventiva, ésta no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para aclarar los hechos; en cualquier caso, en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la Autoridad Judicial.

Si las autoridades o agentes de la policía Judicial se retrasan en la puesta en libertad o a disposición judicial del detenido, podrán ser castigados con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 4 a 8 años. En el caso de particulares, en este supuesto incurrirán en un delito de detención ilegal.

Dependiendo del motivo que haya originado la detención y como máximo en un plazo de 72 horas a contar desde que le fuera entregado el detenido, el juez puede ordenar bien su ingreso en prisión, bien su libertad provisional.
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Muchas gracias por estas indicaciones, yo se que no sería capaz de actuar de esa manera, por eso he llenado mi casa de alarmas